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Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción

La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción ("Tratado de Ottawa") forma parte de la respuesta internacional al sufrimiento generalizado que producen las minas antipersona. La Convención se basa en normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables a todos los Estados. Estas normas prohíben el empleo de armas que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes o causen sufrimientos innecesarios o daños superfluos. La Convención se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1 de marzo de 1999.

Respuestas a las preguntas más frequentes

Por qué es necesario prohibir las minas antipersona?

 

Las minas antipersona no pueden distinguir entre soldados y personas civiles y suelen matar o mutilar gravemente. Al ser relativamente baratas, pequeñas y de fácil manejo, han proliferado por decenas de millones, causando indecibles sufrimientos y devastando social y económicamente a docenas de países en todo el mundo. Dado que resulta mucho más fácil colocarlas que retirarlas, ha sido difícil o imposible utilizar esta arma de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario en la mayoría de los conflictos en que se ha empleado.

¿Qué obligaciones básicas se enuncian en el Tratado de Ottawa?

 

Los Estados que se adhieran a este tratado no deben, en ninguna circunstancia, emplear, desarrollar, producir, almacenar o transferir minas ni ayudar a un tercero a que lo haga. Además, deben destruir, en el plazo establecido, las minas antipersona existentes, estén almacenadas o sembradas. Puede conservarse una reducida cantidad de minas con la única finalidad de desarrollar técnicas de remoción y destrucción de minas y para formar a personal en estas técnicas.

¿A qué minas afecta este tratado?

 

Las minas antipersona han sido "concebidas para ser colocadas en el suelo o cerca de éste y que explosionen por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona". Para los negociadores, los afectados "improvisados" producidos mediante la adaptación de otras municiones a fin de que funcionen como minas antipersona quedan también prohibidos por el tratado. El Tratado de Ottawa prohíbe solamente las minas antipersona. No afecta a:

 

a.  las minas contracarro o antivehículos (reguladas por la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y las normas generales del derecho internacional humanitario.

b.  los "dispositivos antimanipulación" colocados en las minas antivehículos para evitar su remoción.

c.  las municiones "detonadas a distancia", que sólo pueden ser activadas manualmente por un combatiente y no pueden explosionar sólo por "la presencia, la proximidad o el contacto de una persona".

¿Cómo y cuándo deberán destruirse las minas antipersona existentes?

 

Las minas antipersona almacenadas deberán destruirse en el plazo de los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la Convención para un Estado concreto. Por lo que respecta a las minas ya sembradas, en campos de minas o en otros lugares, deberán destruirse en el lapso de los diez años siguientes a la entrada en vigor. Hasta que no se efectúe esa destrucción, hay que hacer todo lo posible por identificar las zonas minadas y señalarlas, vigilarlas y protegerlas mediante vallas u otros medios para impedir el acceso a las personas civiles. Si un Estado no puede destruir totalmente las minas sembradas al cabo de los diez años estipulados, puede solicitar una reunión de Estados Partes con objeto de ampliar el plazo y pedir ayuda para cumplir su obligación.

¿Cómo ayudará el tratado a las víctimas de las minas?

 

El tratado es una respuesta global al problema de las minas terrestres. No sólo se prohíbe a los Estados Parte el empleo de minas antipersona, sino que los que puedan se comprometen a proporcionar ayuda para la remoción de minas, las campañas Comité Internacional de la Cruz Roja de sensibilización al problema de las minas y el cuidado y la rehabilitación de las víctimas. Los Estados afectados por las minas tienen derecho a solicitar y recibir esa ayuda directamente de otros Estados Partes en el tratado, así como de las Naciones Unidas, las organizaciones zonales o nacionales, los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales. Estos aspectos de cooperación de la Convención han de cumplir un papel tan importante como la prohibición que impone ésta a fin de que la respuesta internacional al sufrimiento causado por esas armas sea eficaz.

¿Cómo se supervisará el cumplimiento del tratado?

 

En el Tratado de Ottawa contiene varias medidas para velar por que sus disposiciones se respeten y hacer frente a las presuntas violaciones. Los Estados tienen que presentar informes todos los años al secretario general de las Naciones Unidas acerca de todas las minas antipersona almacenadas, las zonas minadas, las minas conservadas con fines de formación, la destrucción de minas y las medidas tomadas para evitar que las personas civiles se adentren en zonas minadas. Para facilitar la retirada de minas, los Estados deben suministrar información técnica pormenorizada acerca de las minas que han fabricado en el pasado. Si hay dudas sobre el cumplimiento del tratado por un Estado, se puede solicitar al secretario general de las Naciones Unidas un esclarecimiento y, si se considera necesario, se puede convocar una reunión de Estados Partes. En esa reunión puede decidirse enviar una misión investigadora obligatoria al territorio pertinente del Estado de que se trate por un periodo de hasta 14 días. Sobre la base del informe de la misión, los Estados Partes, reunidos, pueden proponer medidas correctivas o jurídicas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

¿Qué debe hacer un Estado para aplicar el Tratado de Ottawa?

 

Los Estados que quieran adherirse al Tratado de Ottawa deben expresar su consentimiento en obligarse por el mismo mediante un instrumento de ratificación (o análogo), que entregarán al depositario, es decir, al secretario general de las Naciones Unidas. Los Estados que firmaron el tratado antes de su entrada en vigor, pero que aún no son Partes en él no deben tomar medida alguna que menoscabe su finalidad. Al entrar en vigor, el tratado se cerró a la firma, pero los Estados pueden adherirse directamente a él, sin firmarlo, remitiendo un instrumento de adhesión al depositario. La Convención será vinculante para los Estados seis meses después de que depositen su instrumento de ratificación o adhesión (o análogo) ante el secretario general de las Naciones Unidas. El tratado exige también que los Estados tomen medidas legislativas y administrativas nacionales, incluida la imposición de sanciones penales, para garantizar el respeto de las disposiciones por las personas o en los territorios de su jurisdicción o bajo su control. Esto puede requerir la promulgación de leyes penales. Puede también requerir que se impartan instrucciones de índole administrativa a las fuerzas armadas y se efectúen cambios enla planificación militar.

¿Puede un Estado prohibir las minas antipersona y adherirse al Protocolo II a la Convención de1980 sobre ciertas armas convencionales?

 

Las primeras normas relativas al empleo de minas antipersona figuran en el Protocolo II de la Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales (CAC). El Protocolo, que fue enmendado el 3 de mayo de 1996, regula el empleo de todos los tipos de minas y artefactos análogos, incluidas las minas cuyo fin es destruir tanques y otros vehículos. Además de regular las armas no cubiertas por el Tratado de Ottawa, el Protocolo permitirá a los Estados invocar sus disposiciones, como las que establecen que toda parte que use minas las retire cuando terminen las hostilidades. Pueden alegarse esas disposiciones en cualquier conflicto con otro Estado Parte en el Protocolo enmendado, independientemente de si se ha adherido o no al Tratado de Ottawa. Por lo tanto, se alienta a los Estados que sean Partes en el Tratado de Ottawa a adherirse también al Protocolo II enmendado. 

Fuente de la información: Documento Publicado por Comité Internacional de la Cruz Roja